El agente interventor de empresas municipales y la jefe jurídica de la entidad, hicieron claridad en el concejo municipal sobre la deuda que por más de 3.400 millones de pesos reclama Diselecsa por la no transferencia de los recaudos, y que obligó a prorrogar por un año el contrato de concesión del alumbrado público.

Este es uno de los problemas que tiene que resolver Emcartago que en el momento de la toma de posesión por parte de la súperservicios, tenía deudas por cerca de 18 mil millones de pesos, incluida una demanda de la CVC por 5 mil millones de pesos.

Frente a las pretensiones de Diselecsa, la jefe jurídica de EMCARTAGO, Claudia Lorena Arias señaló los intereses que se reconocen son los que al momento de la toma de posesión hayan estado debidamente causados mediante un acto administrativo; no es la situación de Diselecta y por lo tanto la obligación que se encuentra causada en la contabilidad de la empresa y lo único que EMCARTAGO legalmente puede reconocer son $1.756 millones de pesos.

Agregó que luego de la toma de posesión no se pueden causar intereses por una situación especial; la resolución de toma de posesión es un acto administrativo emanado en la autoridad considerada como fuerza mayor; y por este tipo de toma de posesión no corren intereses, esto es jurisprudencial. Al no correr intereses los únicos que se pueden causar, son los que, a la fecha de la toma de posesión hayan estado debidamente causados, y afirmó que Diselecsa en ningún momento hizo cobro de intereses antes de la toma de posesión y que éstos se hicieron posterior a ello, cuando la empresa se encuentra blindada por un acto administrativo.

El agente interventor José Uriel Patiño aclaró que hay unas pretensiones de Diselecsa superiores a lo que EMCARTAGO tiene como una realidad contable, entonces mal haría él como gerente al iniciar un acuerdo de pago cuando Diselecta no acepta el valor que EMCARTAGO tiene como causado.