El Ministerio de Igualdad y Equidad, creado por el gobierno actual, fue anulado por la Corte Constitucional. La ley que establecía este ministerio fue declarada inválida debido a errores en su proceso de creación y a la falta de claridad en los poderes concedidos al presidente.
Sin embargo, la Corte decidió posponer los efectos de esta decisión durante dos legislaturas, hasta el 20 de julio de 2026. Esto significa que el Ministerio seguirá en funcionamiento hasta esa fecha, pero se requerirá una nueva ley para corregir los problemas encontrados.
Los demandantes argumentaron que la ley no había considerado el impacto económico de la creación del Ministerio y que no había sido suficientemente clara sobre los costos. La Corte encontró que el Congreso no había realizado un análisis fiscal adecuado, como lo exige la ley.
La Corte decidió no eliminar el Ministerio de inmediato, ya que esto afectaría la implementación de políticas diseñadas para proteger los derechos de grupos como las madres solteras y las personas con discapacidad. Por lo tanto, se pospuso la anulación de la ley por dos legislaturas para resolver estos problemas de manera más equitativa.
El caso fue manejado por varios magistrados de la Corte, incluyendo a Paola Meneses Mosquera, quien fue designada para estudiarlo. Hubo opiniones divididas entre los magistrados sobre esta decisión.
