Siendo la salud un derecho fundamental, prácticamente se ha convertido en un negocio en el que el paciente es tratado como una mercancía y el estado poco hace por garantizar ese derecho, a pesar de las constantes anomalías que se presentan por parte de las entidades encargadas de prestar ese servicio.

Según la veedora en salud y defensora de derechos humanos de Cartago Emma Lucía Vélez, la situación es cada vez más crítica, si tenemos en cuenta el caso sucedido con una niña de Cartago que resultó embarazada producto de una violación y la EPS Medimás la remitió a Popayán para que tuviera allá su bebé.

La veedora se pregunta el porqué, si hace varios meses en la IPS de Cartago se inauguró una moderna sala de partos, en la mayoría de los casos, las pacientes que están a punto de tener a sus hijos son remitidas a otras ciudades.

Según la veedora, la corrupción y las influencias son tan grandes, que la EPS Barrios Unidos sigue aún en el departamento a pesar de la orden de la superintendencia de salud de su retiro desde el pasado mes de agosto.

El sistema de salud creado para respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos a tener seguridad social, hoy está en manos de personas a quienes poco les interesa el bienestar de los pacientes.